La auditoría de gastos estatales por la pandemia o los grupos de expertos fantasma

18-5-2022. Conforme se va normalizando la coyuntura económica tras la gran distorsión que se ha producido por la pandemia del coronavirus –en la medida que lo permite la guerra de Ucrania contra Rusia y la guerra de China contra los restos de la enfermedad–, en algunos países crece la presión política para que se auditen los gastos adicionales en los que han incurrido los gobiernos con su compras precipitadas y su ayudas con bajos criterios.

El Fondo Monetario Internacional estima que, desde marzo de 2020, lo gobiernos han repartido caudales por un total de 15, 5 billones de dólares, en ayudas directas, préstamos a bajo interés y gastos no relacionados con l atención médica (es decir, excluyendo las compras de mascarillas, respiradores y demás). De momento, no obstante, solo dos países se han atrevido a comenzar a preguntarse dónde fue ese gasto. Gran Bretaña y Estados Unidos.


De hecho, el resultado preliminar norteamericano apunta a que se pudo estafar, directamente, el 5% de los fondos de la ayuda pandémica (la ley Cares). Proyectando esta cifra a nivel mundial, obtenemos el monto de 700.000 millones de dólares que fueron a manos de estafadores, una cantidad que seguramente sea, en realidad, considerablemente superior.


Gran Bretaña ha auditado, por ahora, cinco programas (schemes) de ayuda por un total de 166.000 millones de libras esterlinas (unos 220.000 millones de dólares) y ha detectado fraudes y “pagos erróneos” por más de 16.000 millones. Todo ello, según los informes oficiales del Gobierno de las islas.


El agujero de las ayudas para la recuperación post-pandemia


Sin embargo, parece que el agujero puede ser aún mayor: actualmente, Gran Bretaña audita el sexto de los programas (el Bounce Bank Loan Scheme, Plan de Préstamos bancarios de Recuperación) y, sin finalizar todavía la investigación, ha reportado una “pérdida” de 26.000 millones de libras, es decir, de un 55%del importe total del programa.


Por su parte, en Estados Unidos, el Servicio Secreto calcula un “robo” (aquí, directamente, lo llaman por su nombre) de 100.000 millones de dólares, sobre un total de 2,2 billones amparados en la Ley Cares, a los que habría que sumar otros 87.000 millones estafados al seguro de desempleo.


Conviene recordar, en este punto, que Gran Bretaña y Estados Unidos tienen una larga tradición de auditoría de los gastos de sus gobiernos (una tradición que, por cierto, se inició en España, aunque se perdiera “en algún momento”). Por ello, disponen de unas estadísticas que estiman que, en las últimas décadas, la “tasa de fraude” con respecto a las ayudas de gobierno se sitúa en Gran Bretaña en el 1,5% y en Estados Unidos en el 0,6%.


Ahora, estamos hablando de porcentajes muy superiores. Habrá que preguntarse si, con los Estados controlando ya más del 50% de la economía, es decir en el primer paso del socialismo, no se estará formando una nomenklatura, que no solo gestiona la planificación central de la economía (Agenda 2030...) sino que reparte fondos, de los que dispone a su antojo, con criterios que solo conoce aquel grupo de expertos que no existía (o alguno similar).


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