La Ley de Servicios Digitales de la UE o la obligación de pensar como se debe

6-05-2022. Al hilo de los discursos y análisis sobre la libertad de expresión que han abundado a raíz de la compra de Twitter por el magnate Elon Musk, quizá sea el momento de detenerse a observar las tendencias actuales en cuanto a legislación de los muy libres gobiernos occidentales, que no se cansan de recordarnos, por cierto, la gran censura aplicada en Rusia, China o Corea del Norte.


En primer lugar, veamos la Ley de Servicios Digitales, acordada en la Unión Europea este 23 de abril y que entrará en vigor en 2023. Según esta ley, las plataformas de Internet tendrán que ser “más transparentes” sobre sus criterios de moderación de contenidos. Es decir, deberán explicar a los gobiernos los criterios bajo los que admiten unos contenidos y otros no; o por los que admiten a unos usuarios y otros no. Empresas privadas, entonces, deben explicar al gobierno por qué permiten a alguien entrar a su casa y por qué no lo permiten a otros.


Como era de esperar, a partir de estas explicaciones, los gobiernos emitirán unos “consejos” de cómo se debe regular la moderación del contenido en cada plataforma. O sea, unos consejos sobre a quién deben permitir entra en casa y a quién no.


Por lo demás, será obligatorio proporcionar a los usuarios utilidades sencillas de “denuncia” de contenido (no podía faltar, en una policía secreta, la denuncia anónima y el espionaje mutuo) y, sobre todo, será obligatorio proporcionar todos los datos sobre los usuarios investigados, cuando sean requeridos por los investigadores de las autoridades. El incumplimiento de estas medidas puede acarrear multas de hasta el 6% de la facturación global de la empresa.


Leyes de Seguridad Digital y censura en caso de crisis


También Gran Bretaña, clásico adalid de la libertad de expresión ha presentado en el Parlamento un Proyecto de Ley de Seguridad online, en el que se requiere a las redes sociales a que persigan, no solo el contenido ilegal (por ejemplo, pornografía infantil), sino también los “abusos legales pero dañinos”, como el racismo, el machismo o la simple intimidación verbal. En su caso, el incumplimiento puede dar lugar a multas de hasta el 10% de la facturación global de la empresa.


Se han sumado, además, otros países, como Australia o India, aprobando leyes en el mismo sentido. E, incluso, en la Congreso de los Estados Unidos está hoy a debate la reforma de la “Ley de Decencia de las Comunicaciones”, en sentidos aún más estrictos.


Lo común a todas estas leyes, además de lo dicho, es que incorporan un mecanismo de “casos de crisis” (en terminología de la Unión Europea), Crisis como, por ejemplo, la pandemia del coronavirus o la Guerra de Ucrania, en las que las plataformas y los gobiernos podrán censurar todo contenido que consideren “dañino” o que sea declarado como “desinformación”.


Reparemos, por un lado, en que serán las autoridades (o las plataformas, siguiendo los “consejos” de cada gobierno) los que decidirán sobre los que es verdad y es mentira, lo que es información y lo que es “desinformación”. Y, reparemos por otro lado, en que, en tiempo de “Crisis”, el gobierno podrá censurar el contenido que considere dañino, sea verdadero o falso.


Todo ello con el objetivo, cómo no, de “protegernos”, quiero decir, de “crear un entorno más seguro para el usuario”. No vayamos a pensar como no debemos.


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