La neutralidad climática es social... En el fondo

La Ley del Clima de la Unión Europea, de julio de 2021, resulta jurídicamente vinculante y aplicable directamente, sin necesidad de “trasposición legal” a todos y cada uno de los Estados Miembros. Su objetivo fundamental se describe como el de alcanzar la “neutralidad climática” de la Unión en el año 2050, con una reducción neta del 55% de las emisiones de CO2 en 2030, tomando como referencia el año 1990.


De acuerdo con esta ley, el sector de la edificación (construcción inmobiliaria) ha sido incluido, junto con el transporte terrestre (fabricación de vehículos), en el nuevo régimen de comercio de los derechos de emisión de CO2.


Esto cuenta, y mucho, en los compromisos publicitarios adquiridos por la mayoría de las grandes empresas (el 20% de las 2000 empresas más valiosas del mundo), en cuanto a adelantar a 2030, la “neutralidad climática” (eliminación de la emisión neta de carbono): los edificios, de vivienda o de oficinas, producen entre un 60 y un 70% de lao Gases de Efecto Invernadero (GEIs). Y una 40% de la energía mundial se consume en la construcción, que genera un 25% de toda la contaminación.


De cualquier modo, por si acaso estas grandes empresas se sienten “atrapadas” por la legislación europea sobre el clima y sienten la tentación de trasladar sus sedes a países con menor exigencia legal, la Ley establece unos “aranceles climáticos”, que afectarán a los productos que, se sabe, resultarán encarecidos por el estándar legal impuesto: en principio, se aplicarán al hierro, al acero, al cemento, al aluminio, a los fertilizantes y, cómo no, a la electricidad.


El Fondo Social del Clima de la Unión Europea


Mas nadie debe preocuparse: dado que los aranceles al hierro, el acero, el cemento y el aluminio encarecerán la construcción de vivienda (y la fabricación de vehículos). Dado que los aranceles a los fertilizantes encarecerán el precio de los alimentos y dado que el arancel a la electricidad significará el encarecimiento de todo lo demás, la Comisión Europea ha decidido crear un Fondo Social para el Clima, por valor de 70.000 millones de euros, que entraría en vigor en 2025. Pero que, sin embargo, se dice, se financiará con el nuevo régimen de derechos de emisión, que entra en vigor en 2026.


En resumen, la Unión Europea reconoce que su legislación significará que buena parte de los productos de consumo normal nos costarán más caros, pero nos compensará con un Fondos Social extraído de nuestros impuestos. Por lo demás, la subida del coste de infraestructura de las empresas, por el encarecimiento de los alquileres y de la construcción de edificios adaptados, aunque parcialmente paliada por el descenso de la demanda de oficinas (teletrabajo), no podrá sino dejarse notar en el nivel general de empleo.


Al fin y al cabo, podemos terminar sin trabajo (pero con prestación de paro del Estado), sin ingresos para la electricidad (pero con un bono eléctrico del Estado) y reduciendo nuestro consumo de alimentos (subvencionados, también, por el Estado…, salvo la carne). Eso sí, reduciremos el aumento de las temperaturas en 0,5 grados los próximos 30 años y el planeta, por fin, estará a salvo.


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