La Guardia Civil interviene la sede de SEMPI para investigar un presunto delito de estafa

Actualizado: 11 feb

Era cuestión de tiempo, desde que en mayo de 2017 empezaran a aparecer las primeras informaciones sobre un negocio turbio con el oro. Ya por aquel entonces, la Sociedad Española de Metales Preciosos de Inversión (SEMPI) ofrecía altas rentabilidades a sus clientes por invertir en oro. Una garantía de retorno del orden del 5% anual. Algo incomprensible pues entre las ventajas de invertir en metales preciosos no se encuentra precisamente la capacidad de ofrecer una rentabilidad al uso como otros activos del mercado financiero.

Operación Keops

Eso solo era posible si la inversión estaba asociada a la inversión en derivados. En este caso dejaría de inmediato de ser un producto de bienes tangibles para convertirse en un producto puramente financiero. Para su comercialización necesitaría, por tanto, la autorización de la CNMV. Algo con lo que no contaba. De hechos, años después del organismo regulador, después de insistentes denuncias, acabaría incluyendo a SEMPI en su lista de chiringuitos financieros.


Para ese entonces ya empezaban a aparecer presuntos estafados. Muchas personas atraídas por la labia de sus comerciales y una jugosa rentabilidad que acababan enredados en lo que se conoce como una estafa piramidal o sistema ponzi. La compañía garantizaba una ganancia de un 3% por cada 10.000 euros, es decir 300 euros, y podía alcanzar el 6% si el período de la inversión se elevaba a 10 años. Esta cantidad se entregaba a los clientes en un primer pago a los seis meses de haber adquirido el metal y, posteriormente, cada 12 meses.


Para ello, aseguraban contar con la fórmula de la Coca Cola que no era otra cosa que la inversión en derivados, algo para lo que no tenían permiso pues estas inversiones son extremadamente arriesgadas tal y como parece salir a la luz años después. Esa fórmula, con el tiempo, ha llevado a la sociedad al impago no solo de los intereses sino también del principal.


Por aquella época, para evitar las informaciones, el director general, Gabriel Ruiz, se reunía en un céntrico hotel de Madrid para amenazar con, junto con sus acólitos, con una querella por difamación a los periodistas críticos con el fin de acallarlos. El tiempo, sin embargo, siempre acaba quitando y dando razones.


Gabriel Ruiz, también ligado a Afinsa, principal responsable de la SEMPI


Ahora, las querellas se amontonan sobre la mesa de Gabriel Ruiz, ya ligado en su día al embrollo de Afinsa. Más de un centenar de afectados han aflorado ya en Mallorca, Madrid y Málaga, con posibles pérdidas de entre 3.000 y 120.000 euros. Pero los expertos no descartan que sigan aflorando nuevos afectados entre los más de 4.000 clientes con los que cuenta la SEMPI.


De momento, Gabriel Ruiz y su hija ya han tenido que declarar en un juzgado de Mallorca, aunque acogiéndose a su derecho a no declarar. En todo este tiempo, además, han estado siendo investigados por la Policía, que finalmente ha intervenido su sede en Madrid para llevarse sus archivos con el fin de analizarlos en lo que se ha denominado la operación Keops.. El paso siguiente, según apuntan algunos abogados, es que el caso acabe en la Audiencia Nacional debido al enorme tamaño y la diversificación geográfica de la presunta estafa.


Una historia truculenta que comenzó hace años, pero a la que aún le queda un final de prisión para sus responsables, si así lo decide finalmente la justicia, que al menos alivie a los afectados que no tendrán fácil recuperar su dinero.

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